LEY SANTOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR: COPIA DE UN RECETARIO NEOLIBERAL QUE FRACASA EN CHILE

Por Juan Carlos Martínez Botero

Representante   al Consejo Superior

Universidad de Caldas

Manizales,  Agosto  de 2011

A propósito del proyecto de Ley de Educación Superior que será presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos, ante el Congreso de la República,  y que institucionaliza figuras   fracasadas e  impuestas desde la dictadura de Pinochet  en Chile, es importante resaltar algunos de estos aspectos  que han dado lugar a las enormes movilizaciones de estudiantes, docentes, trabajadores, contando  incluso,  con el acompañamiento y apoyo  del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

El ánimo de lucro, el crédito educativo y  la privatización sumados a la política de desfinanciación, elementos  que se advierten en el proyecto de Ley Santos para educación superior, tienen sumida en una profunda crisis al sistema de educación superior  chileno. La paradoja es que Santos y sus neoliberales  proponen  a la universidad colombiana recorrer un camino y un recetario que fracasa en Chile, al igual que lo hicieron con la perversa  Ley 100 de 1993, donde la tecnocracia criolla recogió  los   presupuestos de la reforma al sistema de seguridad social impuestos en Chile en la década del 80,  como la privatización de la salud, el subsidio a la demanda y la creación de los Fondos de Pensiones Privados.

Estudiantes y profesores se han levantado para exigir que el Estado recupere su rol en la oferta del derecho a la educación superior que, desde el ascenso al poder de la dictadura de Augusto Pinochet, se ha desligado de esta responsabilidad disminuyendo los recursos para el sector. Al inicio del régimen en 1973  los  recursos a la educación “alcanzaban al 7% del PIB; al final de la dictadura la cifra llegaba al 2,4%.”[1] A la par que disminuyó la financiación estatal a la universidad chilena se permitió el ánimo de lucro y se   municipalizó  la educación trasladando mayores responsabilidades a los entes territoriales y concibiendo la educación  como un negocio más. 

En entrevista con el diario el Tiempo,  Francisco Figueroa, vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Chile, resaltó que la “movilización comenzó por el grado de endeudamiento de los estudiantes. La mayoría accede a la educación superior por la vía de créditos solidarios del Estado o los que otorga la banca, con tasas de interés al borde de la usura.” Según Figueroa el 10 por ciento del presupuesto de las universidades públicas proviene del Estado y el 90 por ciento, de sus recursos proviene de ventas de servicios y de matrículas que se le cobra a los estudiantes. Las familias chilenas  han terminado asumiendo el  80 por ciento los costos educativos[2], y  según el economista Manuel Riesco  del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo,Cenda, “el monto anual pagado por las familias endeudadas equivale al 50% de todos los impuestos que pagan las empresas y personas del país, incluida la gran minería del cobre”[3]

El descomunal endeudamiento de las familias chilenas, es el resultado de la conjugación del  alza en las matrículas y los aranceles, con el crédito educativo y la disminución de los recursos del Estado. La misma  fórmula que consigna la propuesta de Santos[4], encaminada no solo a promover el endeudamiento de los estudiantes y sus grupos familiares, sino de las instituciones mismas (artículos 156 al 159 proyecto de ley de educación superior).  La propuesta  santista apunta a resolver el acceso a la educación superior mediante la presencia del sector privado con  ánimo de lucro,  el fortalecimiento del ICETEX y la participación del capital financiero en la oferta de crédito educativo, en la vía de continuar atendiendo  las recomendaciones del Banco Mundial, quien conceptúa que el Estado debe abstenerse de hacer esfuerzos propios para cuidar su sostenibilidad fiscal.

Cabe resaltar que desde el 2002 se institucionalizó en el país el Proyecto Acceso con Calidad a la Educación Superior, ACCES, creado por el ICETEX y financiado con dos  préstamos hechos por el Banco Mundial al Estado colombiano: US$200 millones de dólares en el 2002  y US$500 millones  en el 2007. Dinero que debe ser pagado con los rendimientos de los   créditos otorgados,  fundamentalmente,   a los estratos 1, 2 y 3 de la población. 

La preeminencia del ICETEX se evidencia  en  el artículo 9 del proyecto que lo incluye como parte del sistema de Educación Superior y el artículo 125 que lo ratifica como una entidad crediticia de naturaleza especial. El 160 que  regula la inclusión de partidas anuales en el presupuesto para cumplir su objeto, el 161 que crea el fondo para la permanencia estudiantil, administrado por este,  y el  163 que establece que podrá ser garante de los créditos que contraigan los estudiantes con el sector financiero, entre otros.

Las esperanzas de aumento de cobertura del proyecto de Ley están cifradas, no en el fortalecimiento financiero de las universidades sino  en el aumento del crédito y el encarecimiento de los costos educativos a las familias colombianas. Algunas estadísticas sustentan las complicaciones del  panorama propuesto: En el 2007 18 de cada 100[5]estudiantes estudiaban con crédito educativo y en ese mismo año el ICETEX reportaba 15 mil morosos. La misma directora del ICETEX señala que la cartera morosa a 2011 es de 285 mil millones de pesos, una suma equivalente al 15% del dinero prestado, que adeudan principalmente  estudiantes de estratos 1, 2 y 3  que son el 92 por ciento de los usuarios del ICETEX.[6]  

Intereses altísimos, un futuro hipotecado y  créditos costosos que incluso, en algunos casos, son más caros en el ICETEX que en el sector privado es la expectativa ofrecida por el gobierno colombiano a los sectores de más bajos ingresos de la población para acceder a la educación superior. Casos donde el crédito ha sido de 13 millones de pesos y el estudiante al término de 5 años termina pagando, o debiendo en su defecto, 32 millones 400 mil pesos[7]   ilustran el futuro de usura que le  espera a las nuevas generaciones. El pueblo y el estudiantado chileno tardaron décadas en levantarse, que los colombianos aprendamos de su ejemplo y no dudemos, inmediatamente, en promover las más amplia resistencia civil y democrática contra esta afrenta al sistema de  educación superior y la juventud  colombiana.

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[1] http://www.aporrea.org/internacionales/n183058.html

[2] http://www.diarioantofagasta.cl/el-pais/1920

[3] http://www.udec.cl/panoramaweb/index.php?option=com_content&task=view&id=1972

[4]  la desfinanciación del sistema de educación superior colombiano lo abordé en el artículo “AMENAZAS Y DEFICIENCIAS DE LA  LEY  SANTOS PARA    EDUCACIÓN SUPERIOR.” Disponible en http://www.ocecolombia.com/2011/07/amenazas-y-deficiencias-de-la-ley.html

[5]   El Tiempo. Miércoles, 29 de Agosto de 2007: En http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-132316.html

[6] http://www.portafolio.co/portafolio-plus/%25E2%2580%2598el-82-los-graduados-icetex-registra-un-empleo-formal%25E2%2580%2599

[7] http://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=22096

ÓSCAR GUTIÉRREZ A LA ASAMBLEA DE CALDAS

OSCAR GUTIÉRREZ REYES

Reconocido como un incansable y aguerrido luchador,  defensor de oficio de  los derechos de los trabajadores,  de la comunidad y del patrimonio público. Investigador serio, es una de las personas que más conoce en Colombia sobre el tema de los servicios públicos.

En el departamento  se le reconoce su papel dirigente en la defensa de los campesinos y los productores agropecuarios.  Los  pueblos de Caldas lo han visto   defendiendo los acueductos comunitarios, y luchando contra la privatización y las alzas en las tarifas. Los habitantes de Chinchiná recuerdan su liderazgo en la movilización contra el cerco de peajes que se les trató de imponer en 1999, y los Manizaleños lo vieron encabezando los debates y las protestas contra el TIM y el alza del predial.  Ha sido un acompañante permanente de los reclamos de maestros, estudiantes y trabajadores de la salud, con quienes ha marchado hombro a hombro.  

Óscar Gutiérrez  levanta su voz contra el desempleo causado  por la importación masiva de productos agropecuarios e industriales y  se opone  a los TLC. Defiende la red Pública Hospitalaria, aboga por  la eliminación de las parásitas EPS y de la Ley 100 de 1993. Defiende la educación pública y se opone al  ánimo de lucro en los derechos sociales. Rechaza la minería a cielo abierto, defiende   el medio ambiente y las comunidades, y denuncia que las trasnacionales pagan ridículos impuestos, no generan empleo significativo y deterioran el ambiente. De ahí, en fin, que resuma su ideario en la defensa de la Soberanía Nacional.

Con amplia  trayectoria y experiencia  política,  ha sido Secretario General de la Alcaldía y Concejal de Chinchiná durante varios períodos. Diputado de Caldas entre 2001 y 2007.  Elegido dos veces miembro de la Junta Nacional del Polo, del cual fue fundador. En tales cargos ha  dado ejemplo de cómo debe comportarse un representante de la oposición democrática. Respalda al senador Jorge Enrique Robledo con quien desde hace años comparte militancia política, y aspira a una curul en la Asamblea de Caldas, para continuar desde allí, sirviendo a  la lucha por alcanzar las transformaciones que le den soberanía y democracia plena al pueblo colombiano.

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS NO DEBE SEGUIR EN ALMA MATER

Declaración del Representante Estudiantil al Consejo Superior

Manizales, 5 de agosto  de 2011

LA UNIVERSIDAD DE CALDAS NO DEBE SEGUIR EN ALMA MATER

Ante las diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre las presuntas irregularidades de la Red Alma Mater,  de la cual hace parte la Universidad de Caldas, en conjunto con las  universidades de Quindío, Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Tecnológica de Pereira y Tolima, la representación estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas comunica a la opinión pública y universitaria nuestra posición sobre este asunto:

1.    La RED ALMA MATER fue constituida por  las Universidades Públicas del Eje Cafetero en septiembre de 2000, con el propósito de  “consolidar el protagonismo de la universidad pública en los procesos de transformación social y búsqueda del desarrollo integral de la comunidad universitaria y de la sociedad regional de la cual hacen parte.” No obstante, el loable propósito, Alma Mater  se ha convertido en un instrumento para realizar contratos "con entidades públicas y  administrar sus  recursos "destinados a la ejecución de proyectos y planes de desarrollo”, orientándose a fines que no son propios de las universidades.

2.    Como lo manifesté en la sesión del  Consejo Superior del 21 de julio de 2011,  el hoy candidato a la alcaldía de Bogotá, Aurelio Suarez, denunció desde el año 2008 en el diario La Tarde  de Pereira  a Alma Mater como una “pirámide contractual”, en dicho momento se preguntaba: “¿Por qué tan variada gama de entes recurren a "convenios" con Alma Mater para sus proyectos? ¿Qué tan legítimo resulta la adjudicación de estos contratos, que suman cada año una pirámide, hecha según el Estatuto de Contratación de Alma Mater, convertido, merced a un truco jurídico fundado en el inciso 2 del artículo 355 de la Constitución, en sucedáneo de la Ley 80?” (Ver http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-176732.html)

3.    Sumado  a la variada gama de contratos que incluye redes de acueducto y alcantarillado, reparación de vías, compra de vehículos, organizar fiestas de navidad, entre otras,  que desvían la atención de Alma Mater  en el fortalecimiento de la docencia, la extensión y la investigación, el mismo rector de la Universidad de Caldas el 23 de marzo de 2010 envió una comunicación (que solo conocimos el día 19 de julio de 2011) a la dirección ejecutiva de Alma Mater donde señala el siguiente hecho gravisimo:  “fui informado  por parte de la doctora  ANA LUCÍA VILLA -Directora de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, que algunos políticos estaban ofreciendo los servicios de Alma Mater como un puente para orientar la contratación y los recursos con fines de carácter electoral” (Ver https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=1PSOhshDowkvSxCD9nVrnoidUkZADNTbL--_vPN_OxXbuq_FCE0XC4MKQiF1I&hl=es).

4.    Además de los anteriores señalamientos  la Contraloría Distrital  informó que acaba de abrir un proceso de responsabilidad fiscal donde advierte un presunto detrimento patrimonial, por el millonario y polémico convenio suscrito entre la Secretaría de Educación Distrital y Alma Mater por 20.296 millones de pesos,  para la capacitación de 18 mil docentes y la entrega de cartillas,   proceso al que será  vinculado el representante legal de Alma Máter, Luis Enrique Arango Jiménez (Rector de la Universidad Tecnológica de Pereira) (Ver http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/juicio-de-responsabilidad-fiscal-por-las-cartillas-viejas_10093988-4)

5.    El nombre de la universidad de Caldas se ha puesto en entredicho lo que justifica que se materialice la petición que hicimos, al rector de la Universidad de Caldas,  la mayoría de miembros del Consejo Superior, en la sesión del 21 de julio de 2011, para que nos retiremos de una institución que ha perdido su rumbo y ha orientado su misión a propósito discutibles y cuestionados en diversos escenarios de la opinión pública colombiana.

Atentamente,

Juan Carlos Martínez Botero

Representante Estudiantil al Consejo Superior

Universidad de Caldas 

AMENAZAS Y DEFICIENCIAS DE LA LEY SANTOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR

Juan Carlos Martínez Botero

Representante Estudiantil  al Consejo Superior

Universidad de Caldas

Manizales, 26 de Julio de 2011

Tras cuatro meses de debate,   el gobierno de Juan Manuel Santos ha anunciado que presentará  el proyecto de reforma a la educación superior con las supuestas  "modificaciones” luego del cacareado  proceso de socialización con los estamentos universitarios.  La lectura  del texto oficial deja claro que el gobierno mantuvo  intactos los elementos más cuestionados, que son la columna vertebral,   de la reforma santista a la educación superior que  será presentada<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> mañana miércoles 27 de julio ante el Congreso de la República. El ánimo de lucro en las instituciones de educación superior, la desfinanciación estatal, el vínculo con el sector financiero y el fomento del subsidio a la demanda  son los elementos más relevantes que denotan  el propósito gubernamental de  entronizar una concepción que promueve un modelo de universidad como empresa,  educación como mercancía y tomada por el capital financiero.

El proyecto de Ley consigna en los  artículos 38 al 44, el marco legal para la constitución de universidades con ánimo de lucro adecuando el ordenamiento jurídico a  las exigencias contenidas en los capítulos de inversiones y  comercio transfronterizo de servicios del TLC con EE.UU. Estas disposiciones derogan  el artículo 98 de la Ley 30 de 1992, que contempla que: “Las instituciones privadas de educación superior deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro (...)” y pone a tono la legislación colombiana con el artículo 11.4: (b) del TLC con EE.UU que  prohíbe  a los Estados partes que  “restrinjan o prescriban los tipos específicos de persona jurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedor de servicios puede suministrar un servicio”.  De acuerdo con el artículo 39, del proyecto,  las nuevas sociedades comerciales, que serán las universidades,   “podrán recibir nuevos inversionistas, repartir dividendos y vender acciones”.

El lenguaje estrictamente comercial con el que el proyecto de Ley se refiere a un derecho social, deja claro la sintonía del gobierno de Juan Manuel Santos con las normas de la Organización Mundial del Comercio y en particular con el  Acuerdo General sobre Comercio y Servicios –AGCS- que desde 1995 promueve la mercantilización de los más diversos derechos y aúpa la consolidación del neoliberalismo en beneficio de los grandes poderes transnacionales. A lo que se expone el país con la existencia de estas instituciones es a que se ofrezcan  programas de mala  calidad,  a la creación de carreras  que no contemplan las necesidades del país, a la expedición de  títulos que no tengan entrada al mercado laboral, a la contratación  de profesores  a destajo y con salarios bajos,  a que se reduzcan  las inversiones de las universidades privadas en infraestructura y en capacitación docente y a que  se aumenten las tasas de deserción tal como ha sido el caso de los Estados Unidos.  Como lo advierte Francisco Piedrahíta, rector de Icesi: “En Estados Unidos, México y Brasil, las instituciones con ánimo de lucro ofrecen, en general, programas malos”<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]-->

De otro lado,  y no obstante estar suficientemente documentado el déficit financiero que atraviesa el Sistema Estatal de Universidades, la promesa del gobierno de entregar  importantes recursos no pasó de la demagogia peculiar que caracteriza al gobierno de Santos. Del artículo 145 al 152 del proyecto, con algunas variaciones no significativas,  se mantiene intacto el esquema de financiación definido en la Ley 30 de 1992, el cual no contempla, ni reconoce,   los gastos adicionales en los que han incurrido las universidades públicas. La Contraloría General de la República, CGR, ha señalado que, en la  década que acaba de pasar,  las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) para educación (básica y media) como porcentaje del PIB han decrecido: en 2001 alcanzaron el 3,3%, en 2004 descendieron al 3,1% y desde 2006 hasta la fecha (2008) están en el 3%. Una tendencia semejante exhibe el gasto público en la educación terciaria: la participación de los aportes de la nación a las universidades públicas como porcentaje del PIB muestra un descenso constante (en 2000 era del 0,52%, en 2004 del 0,48% y en 2007 del 0,36%).<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->

 

Según los cálculos efectuados por la CGR, con base en los informes de ejecución presupuestal del Ministerio de Educación Nacional 2000-2007<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]-->, los aportes de la nación a las universidades públicas se han mantenido prácticamente en el mismo nivel, entre 2002, año en el cual los aportes sumaron $1.520 miles de millones, y el 2007, cuando la suma fue de $1.526 miles de millones. Por el contrario, la cobertura estudiantil ha tenido un aumento considerable, destinándose cada vez menos pesos por estudiante para el sistema estatal de universidades públicas. Según el SUE<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--> en 1992 había 200.000 estudiantes matriculados en universidades públicas, y al año 2007 esta cifra ascendía a 494.937 estudiantes, un incremento del 147.47%. De igual forma, “Los programas de pregrado ofrecidos pasaron de 1.233 en el año 2003 a 3.173 en el año 2007, y en ese mismo periodo los programas de posgrado pasaron de 777 a 911.”<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> Un reciente estudio señala que, la inversión estatal per cápita promedio en las universidades públicas, “alcanzaba la cifra de 5,69 millones en 1993 mientras que en 2008 era de 3,67 millones a pesos constantes de 2008”<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]-->

Los “nuevos” recursos definidos en los  artículos 150 y 151 del proyecto, no irán  directamente a las 32 universidades públicas sino al Ministerio de Educación Nacional y  además a ellos  también accederán las otras 48 instituciones de educación superior estatales. Son tan exiguos   que  Moisés Wasserman,  rector de la Universidad Nacional, los ridiculizó señalando que se trata de: “un aumento en 150 mil pesos por estudiante del sistema por año, que es absolutamente irrisorio"(El Tiempo, 24-07-2011). Una verdadera burla a las necesidades del sector universitario en Colombia y que muestra las profundas diferencias con un país como EE.UU, que pone el Ministerio de Educación de ejemplo para justificar la reforma, en el cual  “el gasto por alumno es de 100 mil dólares al año” (El Espectador 12-08-2009).

Además de ser escasos el proyecto de Ley condiciona los nuevos recursos, que son del 3% respecto a los aportes de la nación a las instituciones de educación superior estatales, al aumento de cobertura, al reconocimiento de la productividad académica del personal docente, a la formación docente y a la promoción de la investigación y la innovación. Como se observa los propósitos superan con creces el pírrico incremento planteado, siendo además la destinación específica  una interferencia indebida  en la autonomía universitaria. Es palpable que el proyecto de Ley no reconoce la situación de déficit estructural y obvia el más reciente informe del Sistema Universitario Estatal, entregado hace poco por los rectores, que señala:

Los aportes de la nación han disminuido sustancialmente y se presenta un crecimiento cada vez mayor de las rentas propias, de manera que para la vigencia 2010, el aporte del Gobierno Nacional no superó el 50% del presupuesto total de las Universidades, en contraposición con la información suministrada por el MEN y publicada en el Periódico El Tiempo el pasado 10 de abril, según la cual, el aporte de la Nación para las universidades públicas alcanza el 55% de los ingresos totales. De otra parte, comparando los aportes del gobierno nacional en la vigencia 1993 con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 30 de 1992, frente a los aportes realizados en la vigencia 2010, se observa la tendencia decreciente de éstos (73,48% en 1993 y 49% para el 2010) frente a la tendencia creciente de la ejecución de rentas propias de las universidades públicas (22,39% en 1993 y 45% en el 2010).<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]-->

Las cifras confirman que la  desfinanciación estatal  tiene como consecuencia  el crecimiento de las rentas  propias de las universidades, cuyo componente principal es el cobro de derechos pecuniarios,  no será raro entonces  que se sigan  imponiendo  modificaciones  en los sistemas de matrículas de pregrado y posgrado  de las universidades colombianas. Cabe destacar que actualmente  el sistema de   posgrados en las   universidades estatales es  tan o igual de costoso que en las universidades privadas. En la práctica no hay universidad pública accesible a los sectores populares  en posgrado.

Como no hay una solución estructural por parte del Estado a la situación de desfinanciación, el proyecto de Ley,  plantea de los artículos 156 al 168, fuentes alternativas de financiación: A las Instituciones de Educación Superior, IES,  y a los estudiantes,  fomentando  el denominado subsidio a la demanda en desmedro del subsidio a la oferta. No significa esto grandes subvenciones del Estado, por el contrario el camino señalado a universidades y estudiantes es el del endeudamiento con diversas instituciones ligadas al capital financiero.  El Fodesep es convertido en Sociedad Anónima (art 156)   con el propósito de vincular al capital privado en  proyectos donde se oferte el servicio de educación superior, tendrá también la función de ser garante de los créditos que adquieran las instituciones de educación públicas y privadas con el propósito de aumentar la cobertura. Para el mejoramiento de la calidad educativa el propósito del proyecto es también buscar el endeudamiento de las IES, para lo cual el gobierno propone (art 157) que el Fondo Nacional de Garantías actúe como ente que respalde los  créditos  que estas contraigan. En esa misma línea para el mejoramiento de la inversión y la infraestructura, se propone (art 159) establecer una línea especial de crédito a través de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A, Findeter.

Es evidente  que como los exiguos recursos que promete el gobierno no alcanzan para: Cumplir  las metas de cobertura;  garantizar una educación de calidad y  mejorar la inversión y la infraestructura,  el proyecto de Ley plantea el endeudamiento con el sector financiero para tratar de cumplir con tales fines. Esto   obliga   a la IES a aumentar el recaudo de rentas propias, a costa de un encarecimiento de las matrículas y demás servicios que ofrecen,  con el fin de honrar sus obligaciones. A lo máximo que llega el gobierno es a poner al Fodesep, al Fondo Nacional de Garantías y  a la FINDETER como respaldo de tales obligaciones evidenciando un desentendimiento estatal con el fortalecimiento del sector universitario.

  

Así como la recomendación a la IES, por  la escasez de recursos, es el crédito con el capital financiero, en esa misma línea es el mensaje que a través  del ICETEX, convertido en un banco y cobrando intereses de usura,  se envía a los estudiantes colombianos que tengan que recurrir a cualquiera de los mecanismos establecidos por esta institución para cursar sus estudios superiores. Con  algunas becas para sectores muy reducidos y la creación de un Fondo para la Permanencia Estudiantil administrado por el Icetex,  la regla es  el fortalecimiento del subsidio a la demanda mediante la promoción del crédito educativo con lo que se empeña el futuro de las nuevas generaciones.

No queda duda entonces  que el proyecto de Ley no recoge las aspiraciones del sector universitario colombiano, por el contrario profundiza la  desfinanciación de la universidad, entroniza la concepción de universidad empresa y de educación como mercancía y renuncia explícitamente  al desarrollo  del aparato científico-tecnológico del país. El debate está vivo y la resistencia civil de los colombianos  prevalecerá ante este nuevo atentado del santismo.

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<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Ver el http://m.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/la-reforma-a-la-educacin-superior/9921924

<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> Ver  http://m.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/la-educacion-superior-como-negocio-pros-y-contras/9860271/1

<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]--> CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Inclusión y Exclusión Social en Colombia: Educación, Salud y Asistencia Social Mercado y Política Social. Informe Social. Bogotá: Imprenta Nacional, 2008. p. 181.

<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]--> Ibíd., pág. 92.

<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--> SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL. Revisión de la financiación con recursos de la nación para las Universidades Públicas. BOGOTÁ JUNIO 3 DE 2009. p. 4.

<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]--> Ibidem

<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]--> Garzón, Carlos. Educación Superior Pública en Colombia: ¿Escasez de recursos o de voluntad política? Bogotá: Versión en PDF, 2010. p. 9. Disponible en http://universidad.edu.co/images/cm...

<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]--> SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL.  LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA: UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN INCLUYENTE DE LA NUEVA LEY DE EDUCACION SUPERIOR. Bogotá, Junio de 2011. p. 66

INFORME DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL AL CONSEJO SUPERIOR ANTE LA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL SISTEMA DE MATRÍCULAS DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS (ACUERDO 01 DE 2011)

INFORME  DE LA REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL AL CONSEJO SUPERIOR ANTE LA APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL SISTEMA DE MATRÍCULAS DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS (ACUERDO 01 DE 2011)

Por Juan Carlos Martínez Botero

Representante Estudiantil al Consejo Superior

Manizales, 22 de Julio de 2011

Tras  casi un año de álgido debate en el que se han expresado puntos de vista diferentes sobre el sistema de matrículas en la Universidad de Caldas, atravesado por numerosas expresiones de lucha democrática y civilista que seguimos reivindicando, y a  las cuales le debemos  este proceso, concluimos esta etapa con un acuerdo modificatorio al acuerdo 01 de 2011, aprobado por unanimidad en la sesión del Consejo Superior del 21 de Julio. El acuerdo 01 de 2011  mereció el rechazo de estudiantes y profesores, lo cual se vio reflejado en el voto negativo de la Representación Estudiantil y Profesoral en el Consejo Superior y en las enormes movilizaciones estudiantiles,  por avanzar  en  contravía de la concepción de universidad y de educación como derecho, que profesamos. 

La posición de la representación estudiantil fue aprobar y darle el visto bueno a  las modificaciones propuestas por la comisión de matrículas, conformada luego del proceso de movilización. Sin embargo seguimos conservando profundas diferencias  con la esencia del acuerdo 01 de 2011. Las modificaciones, y por eso merecen nuestro respaldo,  son, sin ser un ideal y magnificarlas,  un avance frente a lo que  inicialmente se aprobó  el 28 de enero de 2011, con mi voto en contra.  Incluso debo admitir que hay aspectos que superan en lo positivo al acuerdo 024 de 2002 (matrículas para estudiantes antiguos).

A continuación presento  a la comunidad universitaria y a la opinión pública, los 15 cambios con los que concluye el trabajo de la comisión, que están entre, modificaciones al acuerdo 01 de 2011 y,  nuevos elementos que incluso van más allá del acuerdo 024 de 2002, estos son:

LOS CAMBIOS AL 01 DE 2011

1.    Se reduce el factor para determinar la matrícula por vía de la pensión del último año de colegio. Esto significa una reducción del 9,1% en el costo de  las matrículas para personas que provienen de colegios privados.

2.    Se exceptúa de la liquidación por vía de la pensión del Colegio a quienes cursaron los ciclos complementarios en las normales.

3.    El  Pago del  Seguro de Accidentes será  obligatorio antes había quedado opcional. La razón es que dicho seguro ha servido para financiar diversas contingencias de muchos estudiantes de la universidad, por lo que consideramos que esos 15 mil pesos que se deben pagar cada año son una suma muy pequeña para los beneficios que reporta.

4.    Se eleva la exención de PBM 10 a PBM 14, lo  que  amplía el rango  de exoneración del pago de matrícula,  de un 17 al 54% según las proyecciones de  la Oficina de Planeación.

5.    El cobro de matrículas  en los períodos inter semestrales será por materias y no por créditos académicos, como estaba  contemplado inicialmente. Esto implica un abaratamiento del pago de matrícula por este concepto hasta del 75%.

6.    Se restablecen  los descuentos  del 15%,  por proceder de Chinchiná, Villamaría, Palestina, Neira y la zona rural de Manizales, y del 20%, a los de municipios distintos a los anteriores,  a  quienes  demuestren  ingresos iguales o menores a 1.2 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

7.    Se vuelven a destinar  los recursos recaudados  por concepto de servicios universitarios, que son el 20% de la matrícula, a la actualización de la biblioteca, mejoramiento de los  laboratorios, pago de internet y actualización de las salas de sistemas.

8.    Se atenúa el peso  para el estrato 2, reduciendo el puntaje asignado dentro de la fórmula que liquida la matrícula.

MÁS ALLÁ DEL 024 DE 2002

Estos aspectos fueron fruto de la discusión de la comisión de matrículas y no están contemplados ni en el acuerdo 024 de 2002, ni en el acuerdo  01 aprobado el 28 de enero de 2011. Lo que debo registrar como  positivo:

9.    Se incluye a los profesores ocasionales en las becas de bienestar social que cubren el 90% del costo de las matrículas para sus hijos, cónyuges  o compañeros permanentes

10. Se  incluye  una exoneración  a todo aspirante admitido a la Universidad de Caldas, que demuestre estar inscrito en la base de datos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SISBEN nivel 1 o 2 o su equivalente. Estas personas solo tendrá la obligación de cancelar el valor de servicios universitarios en el equivalente al PBM 14, es decir 16 mil pesos semestrales. Los primeros estudios revelan que esto beneficia al 17% de los estudiantes que se presentan por cohorte, que pueden ser muchos más porque esta cifra corresponde a estudiantes de Manizales.

11. Se  conforma un Comité de Matrículas, que ahora será  paritario entre la administración, los estudiantes (se aumenta la Representación Estudiantil) y los profesores. Además se crea   una segunda instancia, que antes no existía, con participación de la Representación Estudiantil  para las respectivas apelaciones.   Entre las funciones del Comité y la Comisión está recibir, tramitar y decidir las solicitudes de reliquidaciones, estudios socioeconómicos, descuentos previamente reglamentados y financiación de matrículas.

12. Se atenúa el peso  para el estrato 3, reduciendo el puntaje asignado dentro de la fórmula que liquida la matrícula pasa del 30 al 20%.

13. Se cambia una suma fija en la fórmula para determinar los ingresos familiares, lo que influye en que se tome una cifra más cercana a los ingresos reales y no a  los ingresos brutos. Esto redunda en una matrícula menor por esta vía.

14. Se establecen  descuentos, proporcional al número de hijos que oscilan entre el 10 y el 40%  para estudiantes que son padres o madres de familia

15. En un acuerdo adicional que será discutido en la próxima sesión del Consejo Superior se crea  un Fondo administrado por la Oficina de Bienestar Universitario con el  propósito de  reconocer   estímulos económicos a egresados destacados y con probados méritos académicos. El criterio de selección es el promedio y sus recursos serán: El 1% del recaudo anual por concepto de matrículas de pregrado;  los destinados por la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados y los destinados por la Oficina de  Bienestar Universitario. 

El cobro de matrículas seguirá siendo una limitante para que amplios sectores de la población accedan a la educación superior, por ello, votamos de manera negativa el acuerdo 01 de 2011 y manifestamos  nuestro desacuerdo con:  Considerar el valor de la pensión del último año de colegio como un  factor  para la liquidación del valor de la matrícula; eliminar  el descuento por provenir de colegio público y  reducir el rango de exoneración, medidas aprobadas por la mayoría del Consejo Superior el 28 de enero de 2011, y en las  que  hay un retroceso frente a lo que rige para los estudiantes antiguos.

No obstante, el defender una concepción donde el Estado asuma el 100% de los costos educativos,  no  puede llevar a desconocer  que con la modificación,   6 de cada 10 estudiantes  pagaran  menos de $20 mil pesos por semestre, con lo que adquiere sentido la lucha que adelantamos estudiantes, profesores y los sectores democráticos de la ciudad en contra de esta reforma y por la defensa del carácter público de nuestra universidad. Sin la lucha y la movilización civilista, no hubiera sido posible cambiar una coma a la reforma aprobada el 28 de enero.

De todas formas  establecer sistemas de matrículas, es una medida que  contiene en sí misma una discriminación odiosa: El cobro por un derecho social que debería hacerse exigible simplemente por tener las calidades académicas y haber obtenido  un cupo en la  universidad pública. En el fondo lo que subyace en las tablas de matrículas, es una concepción mercantilista de la educación  superior que le resta importancia a  su carácter de derecho. Tal es el camino que la política de desfinanciación del gobierno nacional ha señalado para la universidad colombiana, al punto que el último informe presentado por los mismos rectores, a través del Sistema Universitario Estatal, SUE,  indica que el déficit de las universidades públicas colombianas asciende a un billón de pesos. 

La respuesta a la privatización por vía de la desfinanciación debe ser la movilización democrática, más aún cuando avanza la propuesta de una nueva Ley de Educación Superior que permite el ánimo de lucro y profundiza la concepción de universidad como empresa y educación como mercancía. La  lucha entonces debe seguir siendo por alcanzar una adecuada y plena  financiación del Estado a la universidad colombiana.