Juan
Carlos Martínez Botero*
Indignación
es lo único que produce la sarta de mentiras de Santos y su Ministro de Salud,
Alejandro Gaviria, sobre las normas que
se tramitan en el Congreso de la República respecto al derecho a la salud. Y es
que no es para menos, ayudados por los grandes medios de comunicación, han
difundido la idea de que las normas en comento resolverán los padecimientos del
pueblo colombiano frente al sistema de salud, cuando por el contrario con
retoques cosméticos, así el Ministro insista en negarlo, y con la
profundización de la intermediación, se perpetúa un sistema inicuo que le ha
costado cientos de vidas a colombianos humildes por la negación de
procedimientos y medicamentos.
Un
retroceso evidente está planteado frente a la concepción que en el desarrollo
jurisprudencial le había dado la Corte Constitucional a la salud como derecho
fundamental y es que con la aprobación del Proyecto de Ley Estatutaria[1]
número 209 de 2013 Senado, 267 de 2013 Cámara, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental a la Salud, se
señala en el artículo sexto, literal i) como un elemento y principio esencial de este, la sostenibilidad, lo cual
indica que su aseguramiento y goce efectivo se hará “de conformidad con las normas constitucionales de
sostenibilidad fiscal”, que no es otra cosa que señalar que los colombianos
tendrán salud, solo si a los tecnócratas neoliberales que manejan las finanzas
públicas, se los permite el dogma, los
organismos internacionales de crédito y señalan que existen los recursos para ello.
La referencia expresa a las normas constitucionales de sostenibilidad
fiscal, nos remite al Acto
Legislativo 03 de 2011, que reformó los
artículos 334, 339 y 346 de la Constitución Política, elevando a rango
constitucional el criterio de la sostenibilidad fiscal, aprobado bajo el
supuesto de mantener el equilibrio macroeconómico del Estado, pero con claros
propósitos de limitar la acción y discreción judicial. No es más que el viejo
anhelo de recortar la tutela, en la concepción que tienen los neoliberales como
Perry, que señalan al sistema judicial como el responsable de la crisis, dice
este personaje que: “el golpe de gracia
lo dio la Corte Constitucional. Al convertir el derecho a la salud en un
derecho fundamental, amparado por la tutela” ocultando el problema esencial
de la intermediación, del lucro y las ganancias exageradas de las EPS[2].
Someter el derecho a
la salud a la sostenibilidad fiscal, es limitarlo, como lo aseguró la Contralora General de la
República[3] en
el debate en el Congreso. Implica esta sujeción que la salud de los colombianos
queda atada a los aspectos fundamentales de la reforma constitucional los
cuales sujetan las necesidades y los derechos
sociales al presupuesto, cuando en un Estado social de derecho debería ser al
contrario; limitan la ponderación judicial de los jueces de la República al
obligarlos a tener en cuenta la sostenibilidad fiscal más allá de si hay
vulneración de derechos o no y permite que por iniciativa del procurador o de
cualquier ministro se modulen los fallos de las máximas instancias de decisión
judicial, en una clara interferencia a la autonomía judicial y al sistema de
pesos y contrapesos.
En el debate a la
salud, el triunfo es de la demagogia y el engaño, toda vez que en el proyecto
de Ley ordinaria, le dan larga vida a las EPS, con un simple cambio de
nombre, Gestoras de Servicio de Salud.
Mientras tanto a los colombianos les tocará seguir promoviendo la resistencia
civil y democrática para tener un sistema, que les garantice la salud en
condición de un verdadero derecho.
[1] Ver texto conciliado del
20 de junio de 2013 en
https://docs.google.com/file/d/12iPlS6zfPLXykhAkHx1q8QyfM1y_d66NBFxV0NfJkCTsKAioW4fdwV2fJ7km/edit?usp=sharing
[2]
http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/guillermoperry/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12717870.html
[3]
http://www.eltiempo.com/politica/contraloria-hace-reparos-a-reforma-de-la-salud_12877503-4
